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La necesidad de proteger la libertad de expresión y pensamiento en Internet

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La necesidad de proteger la libertad de expresión y pensamiento en Internet

El imparable avance del entorno digital, así como las profundas transformaciones derivadas de los adelantos tecnológicos, han supuesto un desafío para los marcos jurídicos tradicionales y, en particular, para derechos básicos como el de la intimidad y la libertad de expresión, que en el ámbito de Internet son víctimas de constantes agresiones.

Las diferentes legislaciones nacionales no se han adaptado convenientemente a la expansión de las nuevas tecnologías y la Red se ha convertido en un caldo de cultivo propicio para la vulneración de los derechos humanos.

Igualmente, los programas de vigilancia creados a nivel estatal para la proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar la seguridad nacional pueden ser “invasivos” y llegar incluso a restringir derechos de defensores de derechos humanos y periodistas.

Estas y otras reflexiones figuran en el informe “Libertad de Expresión e Internet”, elaborado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La publicación pretende ser una guía para la protección del derecho a la libertad de expresión y pensamiento en el entorno digital, mediante el análisis de la jurisprudencia y doctrina internacional.

Desde distintos sectores se espera que este recurso sea útil para los activistas de Internet, las organizaciones sociales y los operadores jurídicos y reguladores encargados de defender los derechos humanos en el ámbito digital.

El texto subraya que, para “preservar los beneficios” de Internet en favor de la libertad de expresión, los estados deben legislar o marcar pautas para asegurar el acceso universal a la Red, promover la pluralidad y el debate público, asegurar la igualdad y la neutralidad y evitar la discriminación y la injerencia.

El informe, que fue discutido de manera simultánea en siete ciudades el pasado 16 de junio, destaca que algunos países como Argentina, Chile, México, Brasil y Canadá han comenzado a adaptar su legislación a los principios internacionales aplicables al ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Internet.

En cuanto a la filtración y el bloqueo de contenidos, la CIDH considera que sólo es admisible si se quebrantan los derechos humanos y tras una evaluación de un tribunal imparcial. “Tales decisiones deberán adoptarse de manera transparente y únicamente como último recurso”, sostiene el informe.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de estimular la defensa del derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el continente, como clave en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

 

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