Según el Informe Anual sobre la Libertad de la Información 2014 de Reporteros Sin Fronteras
Portada del Informe de RSF 2014.
Reporteros sin Fronteras (RSF) ha publicado su informe anual sobre la libertad de la información en el mundo en 2014, en el que recoge todos los casos que han atentado contra la libertad de expresión el pasado año, entre los que destacan el asesinato de James Foley y el bloguero saudí Raef Badawi a manos del grupo terrorista Estado Islámico o como Siria e Irak siguen siendo los dos territorios más mortíferos en el mundo para los periodistas.
En el acto de presentación del informe, dirigido y moderado por Pepa Bueno, España ha sido uno de los países más señalados por la organización a raíz de las últimas reformas llevadas a cabo por el Gobierno, como la reforma de la Ley de la Justicia Universal, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, calificada como “Ley Mordaza”, o la exigua Ley de Transparencia.
Pese a todo, España ha mejorado en la clasificación con respecto a años anteriores, estableciéndose en el puesto 35 de los 180 países analizados, según una información publicada en la web de la Cadena Ser.
El recorte de libertades que está sufriendo la libertad de expresión en España es uno de los principales reproches que recoge la organización en su informe. Ejemplo de ello es la demanda presentada por 1.500 trabajadores de RTVE, que firmaron una declaración denunciando “la utilización partidista y progubernamental de los Servicios Informativos” y alertando de que “los niveles de manipulación y censura han hundido la credibilidad de TVE”.
También denuncian la inseguridad que padecen muchos periodistas mientras desempeñan su trabajo en determinadas zonas. Es el caso de las agresiones sufridas por varios periodistas en diferentes manifestaciones por parte de la policía o las condiciones impuestas por las fuerzas de seguridad a los fotorreporteros que trabajan en Ceuta y Melilla, que “no pueden realizar su trabajo con plena libertad”, según consta en el informe.
ZONAS OSCURAS
Reporteros sin Fronteras pidió incluso a la Secretaria del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que incluyera en su informe del Pacto Internacional de Derechos Civiles las zonas oscuras de la legislación española en materia de libertad de expresión.
La organización no gubernamental destaca que en España “se considera delito penal la ofensa a la nación y sus emblemas, y también difamar a una amplia gama de instituciones gubernamentales” o a “los miembros de la familia real”.
De esta manera, España es el único país de la Unión Europea que carece de un órgano regulador nacional e independiente dedicado a la radiodifusión; y el derecho al acceso a la información no está reconocido en una ley específica. Al mismo tiempo la promulgada Ley de Transparencia “no garantiza dicho derecho plenamente”.
